Leire Sopuerta Biota. Madrid
El Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero ha contestado a una pregunta escrita presentada por la senadora Elvira Velasco, del Grupo Popular, referida a las medidas que ha llevado a cabo el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Justicia para evitar las agresiones a médicos, motivada por el anuncio del ex ministro Bernat Soria de actuaciones en este sentido. Sin embargo, el Ejecutivo dice ahora no tener previsto nada y recuerda que las competencias están transferidas.

La senadora Elvira Velasco.

La cuestión contestada ahora fue presentada con motivo de la primera comparecencia de Bernat Soria en la Comisión de Sanidad del Senado para presentar sus líneas de actuación al frente del departamento. En concreto, el entonces titular de Sanidad aseguró que “en cumplimiento de nuestro compromiso electoral, estudiaremos, en colaboración con el Ministerio de Justicia, medidas que sirvan para evitar las agresiones a los profesionales sanitarios y, desde luego, haremos campañas dirigidas a que la sociedad reconozca y ofrezca a estos profesionales la consideración que se merecen”.

A pesar de estas palabras, en la respuesta dada se señala que “la competencia de gestión de los servicios sanitarios fue transferida a través de los distintos reales decretos a las comunidades, por lo tanto a ellas corresponde la adopción de medidas de garantía de la integridad de los profesionales a su servicio, y es a ellas a quien deberá dirigirse para conocer dichos datos”.

También el documento remitido a la senadora hace referencia al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. En concreto señala que tanto la ciudad de Ceuta como la de Melilla tienen planes y protocolos de actuación para prevenir y evitar la violencia hacia los profesionales en los centros sanitarios. Entre las acciones llevadas a cabo destaca las actuaciones de los servicios jurídicos del Ingesa en todas las situaciones de violencia producidas, siguiendo el protocolo establecido al efecto. Así como las actuaciones posteriores al acto de violencia, que comprende, además de la asistencia médica al profesional afectado y documentación de los hechos, la tramitación administrativa del accidente de trabajo en su caso, las acciones legales a emprender, en el que se incluye la asistencia jurídica por parte de los Servicios Jurídicos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

También hace referencia a las técnicas en comunicación que se facilitan a los sanitarios para que mejoren la interacción con los usuarios y familiares y que faciliten el desarrollo de habilidades para el control de situaciones de conflicto; las medidas de seguridad en los centros sanitarios; la dotación de dispositivos personales de alarma (pulsadores insonoros para el agresor) y del servicio permanente de vigilancia en el Área de Urgencias de los hospitales; y la colaboración entre administraciones para mejorar la colaboración y coordinación en los casos de agresión.